Autor: Mtro. Rafael Giménez Camacho
El uso de elementos culturales en proyectos turísticos puede implicar riesgos legales relevantes.
En este artículo analizamos el precedente del llamado “miedo turístico” y su impacto en materia de propiedad intelectual y derechos de autor en México.
Si se castiga al que pacta, nadie volverá a pactar
México está entrando en una zona peligrosa: la de los precedentes judiciales que, en nombre de la protección, terminan destruyendo los incentivos para cumplir la ley.
Ese es el verdadero problema de las resoluciones que empiezan a mandar el mensaje de que, aun cuando una empresa turística busque celebrar acuerdos, pagar contraprestaciones, sujetarse a condiciones y vincularse con pueblos y comunidades indígenas a través de mecanismos contractuales, nada de eso le garantiza certeza. Y cuando la certeza desaparece, no hay protección: hay parálisis.
La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas no nació para cerrar toda interacción entre patrimonio cultural y actividad económica. Nació para regularla. Su lógica es clarísima: los pueblos y comunidades son titulares colectivos de esos elementos culturales, y su uso por terceros puede darse bajo ciertas condiciones, entre ellas el consentimiento y una contraprestación. Es decir, la ley reconoce que puede existir una relación legítima, pactada y económicamente compensada.
Ese punto debería ser suficiente para encender las alertas en todo el sector turístico. Porque si una norma que permite acuerdos comienza a ser interpretada como si casi prohibiera acordar, entonces ya no estamos frente a un sistema jurídico de equilibrio. Estamos frente a un sistema de intimidación regulatoria.
Y eso tiene consecuencias inmediatas.
La primera: las empresas dejan de saber a qué atenerse. Si un convenio con autoridades o representaciones indígenas puede ser descalificado después bajo criterios cambiantes, ambiguos o cada vez más amplios, entonces la decisión racional de cualquier inversionista será alejarse del riesgo. No del litigio: del país.
La segunda: las comunidades pierden poder real de negociación. Porque cuando una empresa seria, visible y sujeta al escrutinio público entiende que pactar formalmente puede terminar costándole más que abstenerse, el efecto no es una protección más fuerte para los pueblos; el efecto es que desaparecen las mesas, los convenios, las contraprestaciones y los beneficios económicos que la propia ley contempla.
La tercera: se manda una señal devastadora al mercado internacional. México compite por turismo, por capital, por posicionamiento y por permanencia. No compite solo con sus playas o con su cultura: compite con la estabilidad de sus reglas. En ese terreno, cualquier precedente que huela a imprevisibilidad le regala ventaja a otros destinos.
Y aquí es donde entra el dato incómodo que nadie debería subestimar: República Dominicana no está esperando a ver qué decide México sobre sus contradicciones internas. Está compitiendo, creciendo y disputando abiertamente el mercado turístico regional. Mientras aquí se siembra desconfianza jurídica alrededor de la relación entre turismo y patrimonio cultural, allá se ofrece agresivamente certidumbre al visitante, al desarrollador y al inversionista.
No hace falta perder una guerra turística para empezar a perder terreno. Basta con empezar a parecer un país donde incluso cumplir puede no servir de nada.
Ese es el daño profundo de este tipo de precedentes: no pegan solo en un expediente, ni solo en una empresa, ni solo en una controversia concreta. Pegan en la percepción completa del sector. Si la lectura que queda es que cualquier vínculo entre una empresa turística y el patrimonio cultural indígena será tratado como una sospecha permanente, entonces el mensaje ya salió del juzgado y entró al mercado.
Y el mercado sí escucha.
Escucha cuando se premia la informalidad y se castiga al que intenta documentar, convenir y compensar. Escucha cuando una ley que admite contraprestaciones empieza a utilizarse como si éstas fueran casi moralmente reprochables. Escucha cuando el Estado deja de distinguir entre aprovechar con reglas y abusar sin ellas.
Lo más grave es que esta distorsión puede producir una consecuencia perversa: volver más rentable el conflicto que el acuerdo.
Porque si pactar ya no da seguridad, y cumplir ya no protege, entonces la ley deja de ser un camino para ordenar relaciones legítimas y se convierte en un instrumento de presión. Y una ley usada así deja de ser garantía de justicia para transformarse en una amenaza permanente para quien invierte, genera empleo y opera en sectores intensivos en imagen, reputación y exposición pública.
Eso no fortalece al país. Lo debilita.
Y lo debilita, además, en un momento equivocado. El turismo no es un sector secundario ni ornamental. Es una fuente masiva de empleo, derrama, promoción territorial y estabilidad para regiones enteras. En estados como Quintana Roo, hablar del turismo no es hablar de una industria más: es hablar del eje económico alrededor del cual giran miles de familias, cadenas de valor completas y buena parte de la proyección internacional de México.
Por eso este tema no puede despacharse con lugares comunes. No basta repetir que el patrimonio debe protegerse. Claro que debe protegerse. La pregunta de verdad es otra: ¿protegerlo cómo? ¿Con reglas claras, contratos exigibles y contraprestaciones verificables? ¿O con precedentes que conviertan cualquier acuerdo en una invitación al castigo posterior?
Si México opta por la segunda ruta, el costo será enorme. No solo porque algunas empresas frenarán proyectos. No solo porque otras preferirán no tocar temas culturales. Sino porque el país empezará a construir una fama peligrosísima: la de ser un lugar donde ni siquiera el cumplimiento te salva de la incertidumbre.
Y cuando un país adquiere esa fama, no tarda en pagarla.
Lo que debería estar haciendo México es exactamente lo contrario: robustecer el marco de autorización, dar certeza a pueblos y comunidades, exigir contratos serios, garantizar contraprestaciones reales y castigar únicamente el abuso probado. Ese sería un modelo inteligente. Un modelo que protege sin destruir. Un modelo que ordena sin ahuyentar.
Pero si en vez de eso se insiste en estirar la ley hasta volverla un mecanismo de hostilidad contra el sector turístico, entonces el desenlace será tan previsible como lamentable: menos acuerdos, menos inversión, menos competitividad y más espacio para que otros destinos se queden con el mercado que México parece dispuesto a complicarse solo.
Hay precedentes que construyen confianza.
Y hay precedentes que siembran miedo.
Este es de los segundos.
